El modelo educativo tradicional propiciaba una relación de
continuidad entre la formación académica y el empleo. En los últimos años se ha
profundizado la ruptura de esta relación, sobre todo a partir de la crisis de
2008. La intensificación de la globalización económica ha provocado un aumento
del desempleo juvenil y una mayor precariedad del empleo formal.
La escasez creciente de empleos adecuados provoca un
sentimiento de frustración en los jóvenes. La educación formal ha construido un
ideario común de movilidad ascendente en la sociedad. Una mejor formación
conllevaba un trabajo mejor remunerado y, en consecuencia, una mejor posición
en la escala social. La crisis actual ha frenado el acceso a puestos laborales
y conlleva, en esencia, un criterio de decepción ante el esfuerzo académico y
económico.
La permanente innovación tecnológica dificulta la previsión
de las nuevas profesiones. Las escuelas, y sobre todo las universidades, deben
enfocar su formación en habilidades profesionales más diversificadas y
flexibles. De esta manera permiten al estudiante adaptarse plenamente a un
mercado laboral cambiante. Una formación que priorice “las competencias
transferibles’, ‘competencias del siglo XXI’ y ‘competencias no cognoscitivas’,
que son la comunicación, la alfabetización digital, la resolución de problemas,
el trabajo en equipo y el espíritu de empresa”.
¿Cómo reforzar el vínculo entre formación y empleo? Se
pregunta el informe de la UNESCO Replantear
la educación: ¿hacia un bien común mundial? La educación no puede resolver
por sí sola el problema del empleo. “Es preciso reconsiderar el modelo actual
de desarrollo y aprovechar para replantear el vínculo que une la educación y el
mundo del trabajo”, sugiere el mencionado informe.
La movilidad de trabajadores y estudiantes resalta como un
factor de análisis necesario. En los últimos años ha sido llamativo el flujo de
migración de personas con formación académica en busca de espacios laborales en
países externos. Los llamados países del sur son los principales receptores de
esta movilidad. Paralelamente, también se detecta un incremento de estudiantes
que viajan a otros países para complementar y perfeccionar su formación
académica, siempre con vistas a conseguir una mejor retribución laboral.
Y ante este panorama, las políticas educativas de gran
parte de los países se basan en mejorar los indicadores internacionales de
calidad educativa, como el informe PISA. Unos indicadores que son ajenos a la
realidad que se vive en los contextos formativos y laborales.
Urge el reconocimiento y la validación de los sistemas
educativos abiertos y flexibles. Una educación capaz de enfrentar “los nuevos
modelos de empleo y alcanzar los niveles y tipos de competencias que los individuos
y las sociedades necesitan”.
La UNESCO ha hecho énfasis en la consolidación de políticas
nacionales, regionales e internacionales que ayuden a reglamentar la movilidad
estudiantil y la validez académica de los estudios superiores.
Las recomendaciones planteadas por el organismo
internacional abogan por una educación que propicie las oportunidades para
todos, sin diferencias por género o procedencia. Anima también para hacer un
uso más efectivo de los escasos recursos que los diversos gobiernos destinan al
área de la educación, así como alentar un sistema que atraiga capitales
privados (normalmente procedentes de la ayuda internacional) para reforzar el
presupuesto educativo.
La participación de sociedad civil en la creación de las
políticas educativas es un logro social importante. Los actores políticos están
llamados a abrir el debate a la sociedad y escuchar a profesores y padres de
familia antes de disponer los lineamientos educativos.
Fuente: Redacción "Diálogo Educativo"
Una producción de la Casa Editorial Bienaventuranzas
¿LA EDUCACIÓN COMO BIEN COMÚN?
El nuevo contexto mundial y la consideración de la
educación como bien público obligan a repensar la finalidad de la educación
dentro de esta sociedad en transformación. El informe de la UNESCO Replantear la educación: ¿hacia un bien
común mundial? esclarece el panorama.
El acceso al conocimiento y la consolidación de los
procesos democráticos han permitido empoderar a la sociedad. Ahora prestan más
atención a los procesos políticos y los asuntos sociales, son más activos. En
materia educativa es frecuente encontrarse debates que involucren a los
sectores públicos y privados en torno a una inclusión del conocimiento.
En las últimas décadas se ha incrementado la participación
privada en la educación, sobre todo en los niveles primarios. “Si bien la
participación del sector privado en la educación no es ninguna novedad, lo que
tienen de nuevo estas manifestaciones es su escala, alcance y penetración en
todos los aspectos de la educación”, señala I. MacPherson.
La privatización de la educación aporta un mayor número de
oportunidades para la formación. A su vez, existe un riesgo ante la
privatización descontrolada. Sin buenos mecanismos de fiscalización, es
factible que la calidad educativa de estos colegios privados no sea la
requerida. Además, y bajo su condición de privada, imponen un sistema de
cobranza propio que perjudica directamente a las clases empodrecidas e
impidiendo el acceso a una educación de calidad. Se produce un falso indicador
de escolaridad. La escolaridad es un indicador de validez del derecho. Pero la
educación de calidad reclama otros medidores necesarios.
El Estado es garante y administrador del derecho a la
educación. Está llamado a proponer un marco de trabajo responsable tanto en la
educación pública como privada, a fin de dotar a todos los estudiantes de una
formación de calidad y al alcance de todos. La escolaridad obligatoria a nivel
primario ha impulsado un crecimiento de la educación secundaria y
universitaria. El Estado también debe atender estos procesos de formación que
no son estrictamente considerados como educación obligatoria.
El fortalecimiento de la formación privada, con la
introducción de capitales de ayuda, está produciendo una alteración de la
esencia educativa. Cada vez más, la educación se está convirtiendo en un bien
de consumo.
S. Deneulin considera “el bien común como constituido por
bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se
comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la
justicia”. Es un concepto que sobrepasa el de bien público. La educación,
defiende el informe de la UNESCO, debe estar en el plano de bien común, puesto
que está orientada por los principios del tipo de sociedad que se anhela.
En defensa de la educación y el conocimiento como bien
común es importante involucrar a la sociedad civil en el rol rector de la
educación. La responsabilidad por velar una educación inclusiva y de calidad no
sólo recae en el gobierno de turno, sino que es una obligación de la sociedad
en su conjunto. Incluso es viable abrir la puerta a empresas privadas para que
invierta en educación. Algunas experiencias en países como La India han
resultado interesantes.
En este marco de integración colectiva, el Estado asume dos
obligaciones prioritarias:
1. “Reformar la educación pública y profesionalizarla, incluso
luchando contra la corrupción en el sector, por medio de procedimientos claros,
para que se rindan cuentas ante la sociedad en general.
2. Supervisar y regular la participación del sector privado en
la educación. La supervisión no debería ser en modo alguno administrativa y
burocrática, ni tener carácter policial. Esa función supervisora del estado
debería garantizar la aplicación de normas aprobadas por profesionales de la
educación, tanto del sector público como del privado, así como de marcos
normativos internacionales”.
El acceso a una educación de calidad es el gran objetivo
que debe movilizar a todos los actores sociales. Una educación que priorice los
valores de inclusión y equidad. Sólo con una verdadera educación se podrá
combatir la pobreza que afecta a muchas familias.
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