Un reciente estudio de la Fundación
Jubileo y el colectivo “Campaña por el derecho a la educación” desmenuzan el
gasto público en educación. Tanto gobierno como expertos en educación plantean
su mirada particular.
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El documento “estudio de
financiación del sector educación” interpreta detalladamente el destino que se
ha dado al dinero presupuestado en el Tesoro General de la Nación en materia
educativa. La Fundación Jubileo ha tratado de colorear estos datos para
comprenderlos en su contexto. Se ha trabajado con la base del presupuesto
oficial en los tres últimos años (del 2011 al 2013).
La lectura de los datos da
lugar a múltiples miradas. Al igual que una moneda, el presupuesto permite
vanagloriarse por una inversión creciente o lamentarse por un gasto desmesurado
de recursos.
Desde la mirada gubernamental,
el viceministro de Educación, Noel Aguirre, considera positivos los esfuerzos
del gobierno nacional. Su bandera argumental se centra en el incremento del
dinero destinado a educación. Durante el 2013, se resalta, han sido 14.690 millones
de bolivianos; el 21% del Presupuesto General de la Nación. Según indica
Vargas, ningún país de la región destina un porcentaje similar a educación.
Desde la otra vereda, la
lectura apunta a otros aspectos. El pedagogo Álvaro Puente refleja que “el problema
no es pelear el presupuesto, sino una educación de calidad”. Parecido criterio
ha sido expresado por el ex -vicepresidente de la República. Víctor Hugo
Cárdenas considera que “la parte cualitativa de la educación está completamente
olvidada pese a que hubo avances en infraestructura y la entrega de
computadoras”.
Desde la Fundación Jubileo se
pretende dar sentido a los datos para hacer comprensibles las dos visiones
expuestas. El informe presentado resalta que, en los últimos cinco años, se ha logrado
triplicar la inversión pública a cargo del estado. Este importante aumento ha
permitido incrementar las partidas presupuestarias destinadas a educación y
salud.
Las autoridades educativas
validan este incremento en la inversión con las tasas de escolaridad
alcanzadas. De acuerdo a informes emitidos por el Ministerio de educación, la
cobertura educativa alcanza al 99% de la población en el nivel primario y al
72,15% en el nivel secundario. Además, destacan el respaldo del bono Juancito
Pinto para combatir el abandono escolar. En los últimos diez años se ha
reducido del 6% al 1,4% de deserción escolar.
El colectivo “Campaña por el
derecho a la educación”, institución responsable del estudio, elogia los
índices de gasto público en educación por encima de los estándares
internacionales. El director ejecutivo de este colectivo, David Aruquipa, se
felicita porque estos datos demuestran que Bolivia ha trabajado de manera
exitosa en el cumplimiento de los objetivos del milenio. No obstante, también
se cuestiona respecto a los avances en la calidad educativa y señala que “por
ahora sigue rezagada y no contamos con indicadores de medición al respecto”.
Según los datos revelados en el
“estudio de financiación del sector educación”, el 90% del presupuesto asignado
a educación se destina a gastos corrientes, es decir, a pagar para el
funcionamiento de las instalaciones educativas. Desde ítems hasta el pago de
servicios básicos o mantenimiento de oficinas se traga la mayor parte del
dinero educativo.
Sólo un 10% está destinado a
mejorar las condiciones de la educación en el país. La adecuación de aulas con
nuevos equipamientos, la capacitación docente o la innovación pedagógica apenas
se reparten uno de cada diez bolivianos destinados a educación.
Con estos datos en mano, Rene
Martínez, investigador de la Fundación Jubileo, percibe un desequilibrio en el
gasto público. El aumento asignado a educación se ha destinado a cubrir ítems
profesionales. Apenas un 2% del presupuesto educativo se concentra en
propuestas de formación y capacitación al profesional docente. “En los últimos
años, matiza, los recursos asignados a educación se han incrementado de manera
significativa aparejado por la bonanza económica”. Este crecimiento, resalta
Martínez, no ha repercutido en la calidad del gasto en educación pública,
ámbito en el que “se debe trabajar mucho”.
Una visión crítica con la labor
de educativa es presentada por monseñor Nicolás Castellanos, fundador de la
obra educativa Hombres Nuevos. Para Castellanos, el país está desaprovechando
oportunidades de lograr la integración real entre hombres y mujeres. Se sigue
desaprovechando recursos en la formación de personas. Reclama una “inversión de
calidad educativa, para que Bolivia no siga siendo una cenicienta”. Una idea
similar es reclamada por Víctor Hugo Cárdenas para quien “la parte cualitativa
de la educación está completamente olvidada”, por parte de unas autoridades
educativas que centran su atención en las construcción de infraestructuras y la
entrega de computadoras.
En general, todos resaltan la
necesidad de invertir seriamente en la capacitación docente. Cárdenas denuncia
que los cursos del programa de formación complementaria de maestros (PROFOCOM)
se han instituido como “cursos de fines de semana” destinados al adoctrinamiento
del cuerpo docente. Por su parte, Noel Aguirre, desde el viceministerio de
educación, resalta este programa de capacitación permanente a los docentes. En
este 2015, 140.000 maestros están participando del proceso de formación
instituido por el PROFOCOM. Además, anuncia que ya están disponibles los cursos
de postgrado (diplomados y maestrías) para elevar la calidad pedagógica de los
docentes.
Al igual que una moneda, el
gasto educativo en Bolivia tiene dos caras bien marcadas.
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EDUCACIÓN, UNA COMPETENCIA CONCURRENTE
La educación es responsabilidad de todos. Por más
usada que esté la frase, la constitución política vigente determina que la
educación pública es una responsabilidad concurrente de todos los niveles de
gobierno.
Tradicionalmente el gobierno
central ha asumido el control y mando de la labor educativa. Desde el
ministerio de educación y sus instituciones dependientes se establecen las
políticas de administración y gestión educativa y curricular. Corresponde al
nivel central de gobierno la potestad de organizar la lógica educativa para
el país. Las direcciones departamentales de educación representan sus
principales brazos operativos en cada uno de los departamentos. Estas
direcciones tiene la responsabilidad de implementar las políticas educativas
y los programas curriculares diseñados por el ministerio. Además, tiene la
directa relación con las unidades educativas de su jurisdicción.
Los gobiernos
autónomos componen en segundo escalón de responsabilidad en materia de
educación. Estos gobiernos (departamentales y municipales) asumen la dotación
en infraestructura y mobiliario, así como el desayuno escolar.
Los gobiernos departamentales gozan de la
posibilidad de impulsar institutos tecnológicos especializados en las
necesidades de producción de cada región. Una posibilidad de promover ofertas
educativas innovadoras y productivas como alternativa real a la educación
universitaria.
Los gobiernos municipales centran su
responsabilidad en la construcción y mantenimiento de la infraestructura
educativa así como en la dotación de desayuno escolar para los estudiantes.
Un capítulo aparte estudia el manejo de recursos
por parte de cada nivel de gobierno. De acuerdo al reporte de la fundación
Jubileo, la administración central maneja el 56% del presupuesto destinado a
educación. Un 33% es manejado por las universidades, quienes acceden a esta
partición en virtud de las regalías de coparticipación que propone el IDH. Los
municipios controlan el 10% de la torta en educación. Finalmente, las
gobernaciones apenas manejan el 1% con lo cual les resultará complicado
activar proyectos serios en materia de innovación tecnológica.
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CONCLUSIONES DEL INFORME
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La bonanza económica
del país repercute directamente en la educación. Entre el 2005 y el 2013 ha
duplicado su presupuesto.
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La principal fuente de
financiación de la educación proviene del Tesoro General de la Nación. Los
gastos corrientes (ítems) absorben la mayor parte del presupuesto.
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El Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH) se destaca como la principal fuente generadora de
recursos para educación. Se observa que estos recursos no son renovables y,
por tanto, reclaman un uso racional para su sostenibilidad.
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Las universidades son
acreedoras de una partida importante del presupuesto. Junto a su buen
destino, también deben asumir un protagonismo en la devolución a la sociedad
de estos fondos.
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La formación de
maestros y la capacitación continua quedan relegadas en la asignación de
recursos. Se debe concretar un compromiso de los centros de formación
superior para alentar la profesionalización de los docentes.
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Los gobiernos
municipales destinan casi la mayoría de sus recursos educativos en
infraestructura y desayuno escolar. Una inversión que busca un retorno
político directo.
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La concertación de un
pacto fiscal ayudará a clarificar la asignación y destino de los fondos.
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Se deben disponer
mecanismos de control que validen la eficiencia en el uso de los recursos destinados
a educación.
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Paralelamente disponer
algún sistema de medición y evaluación de la calidad en la educación que se
imparte, ya sea adscribiéndose al modelo de evaluación PISA o a un modelo
propuesto por el Observatorio de Calidad Educativa.
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